Desde Chile nos consideran a México como ejemplo de relación entre Pueblos Indígenas y el Estado Nacional. Conservar la memoria histórica sirve para situarnos ante los acontecimientos.
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CHILE: MAPUCHES, HISTORICAS REIVINDICACIONES CON DOLOR Y MUERTE
Publicado el 14 Ene 2008
Por María José Lombardo.
Hablar de la historia de Chile es hablar de conflictos mapuches. Una lucha que tiene su génesis hace, aproximadamente, 500 años, cuando los caciques y los loncos defendían sus tierras de los conquistadores ibéricos. Una defensa constante, a través del tiempo, de la identidad del pueblo araucano y de su derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, con el paso de los siglos, la supuesta pacificación de la Araucanía, que fuese en primera instancia el objetivo de los colonizadores, dio paso a una necesidad más concreta para el desarrollo nacional: el incremento de la economía.
De esta manera, considerando que el sector forestal es uno de los más importantes en Chile, se hizo preciso contar con una empresa del rubro en la rica zona mapuche. En 1979, durante el gobierno de Augusto Pinochet, el Decreto Ley 701 subsidió con tierras y recursos el arribo de la industria forestal al territorio indígena.
En ese contexto, los fundos Poluco y Pidenco fueron adquiridos por la empresa forestal Mininco S.A. La situación, significó el desalojo mapuche de dichos predios, por parte de personal del Ejército y Carabineros. Ocho años después, en 1987, los dirigentes de la comunidad araucana intentaron recuperar las tierras, a través de una misiva enviada al general Pinochet, en donde pedían la devolución de los predios. Sin embargo, la solicitud no tuvo acogida.
Con el regreso formal de la democracia, el único avance en materia étnica ha sido la ley indígena de 1993, que establecía el reconocimiento indígena como parte esencial de la nación chilena. Sin embargo, la medida no fue suficiente. La compensación por los daños causados en las tierras y recursos indígenas, así como la participación de los pueblos en los beneficios que obtienen los privados, están lejos de hacerse realidad.
De esta manera, dos años después de promulgada la ley, se constituyó la comunidad de Tricauco, que promovió la idea de utilizar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como intermediaria para sus conflictos con los privados.
Es, precisamente, en el marco de la lucha por la recuperación de terrenos que consideran propios, y que están en manos de empresarios, donde diversos activistas mapuches han sido acusados de violentos disturbios en la región. Pero además, las nefastas consecuencias que generan estas empresas en el medio ambiente, han aumentado, considerablemente, la ira mapuche.
En diciembre de 2001 el grupo de Tricauco fue acusado de provocar un incendio en las dependencias de Mininco.En noviembre de 2002, el comunero mapuche, Alex Lemun, murió después de recibir un disparo en la cabeza por parte del mayor de carabineros, Marcos Treurer, durante un operativo. El uniformado quedó exento de toda responsabilidad luego de que la Corte Marcial, argumentara que el arma fue usada en defensa propia.
Ante todos estos hechos, surgió el consejo de todas las tierras, cuyo lider, Aucán Huilcamán, en representación de su pueblo, se ha referido en más de una oportunidad a la larga espera del reconocimiento constitucional de las minorías étnicas chilenas.
Se trata de conflictos cuya gravedad ha sido constatada por instancias internacionales de derechos humanos. Una de ellas es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en marzo de 2007, pidió al Estado chileno revisar su política en relación a los pueblos indígenas y sus tierras, con el fin de lograr el reconocimiento de estas etnias en el menor tiempo posible.
Por eso, luego de que la agrupación de todas las tierras recibiera el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Huilcamán invitó a las distintas comunidades mapuches a luchar por el autogobierno. Un deseo que el líder indígena tiene desde hace años, cuando intentó postularse como candidato para las últimas elecciones presidenciales de 2005.
No obstante, después de un agitado año en materia indígena, que registra episodios como la extensa huelga de hambre efectuada por cinco detenidos, en demanda de la liberación de todos los presos mapuches, el fin de la represión y la desmilitarización; la violencia atacó nuevamente.
Hace algunos días el comunero mapuche de 22 años, Matías Catrileo Quezada, miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), murió después de recibir un disparo en la espalda, mientras otros 20 encapuchados prendían fuego a unos fardos del fundo Santa Margarita en la región de la Araucanía.
Según el resto de los comuneros involucrados en el incendio, la entrada al predio fue, totalmente, pacifica, cuya única finalidad era seguir luchando por lo que ellos llaman sus tierras ancestrales. No asi la irrupción de la fuerza policial, cuyos funcionarios utilizaron la violencia y los disparos para contener la situación.
Ante esto, el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, no solo reprochó la acción policial, sino que además exigió al ejecutivo una decisión ejemplar, con el fin de evitar el entorpecimiento de la aclaración del caso.
Por su parte, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, también se hizo presente. A través de su codirector, José Aylwin, la institución no solo lamentó y condenó el deceso de Catrileo Quezada, sino que también reiteró que se trata de una violencia histórica, cuyo origen se remonta al siglo XIX cuando el Estado chileno ocupó el territorio mapuche.
Un hecho lamentable que, una vez más, tiñe de sangre la reivindicación legítima de los indígenas; en un país que a diferencia del resto de las naciones latinoamericanas, no reconoce los derechos de los pueblos originarios.Derechos concretos que se encuentran especificados en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) , el único acuerdo internacional dedicado a los pueblos indígenas; pero que en Chile se encuentra a la espera de su ratificación desde 1991.Una validación que el Senado ha dilatado en el tiempo, pero que de llevarse a cabo lograría dar solución a un conflicto enraizado en la historia chilena.
Seguir el ejemplo de países como México, Colombia, Guatemala, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Costa Rica, lejos de generar nuevos conflictos entre pueblos y estado, permitiría la resolución de los mismos en un ambiente de justicia y derechos. De no ser así, lo más seguro es que en un futuro cercano, se esté lamentando un nuevo deceso y la agudización de los problemas ya existentes.
